El Ejecutivo avanzó con la disolución de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcréditos, cuyo presupuesto anual para sueldos superaba los recursos destinados a los fondos que gestionaba.
En un nuevo paso dentro del denominado “deep motosierra”, el Gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social. El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, fue cerrado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, la decisión se basó en la “ineficiencia operativa” y el “sobredimensionamiento” del organismo, que destinaba una porción significativa de su presupuesto a salarios en detrimento de su misión principal. “Los gastos anuales en personal exceden significativamente los recursos asignados al cumplimiento de su objetivo principal”, explicó el documento.
De acuerdo con los datos publicados, en septiembre de este año los salarios en bruto de los empleados de la comisión sumaron $100.584.210, lo que proyectado al año equivale a $1.307.594.730. Este monto superaba ampliamente el presupuesto anual del Programa de Microcréditos, que se ubicó en $1.178.796.541.
Por otro lado, la ejecución presupuestaria también resultó cuestionada. Hasta septiembre, el organismo había utilizado apenas el 5,5% de los fondos disponibles para su funcionamiento, desembolsando $64.780.204. La comisión tenía como objetivo principal regular el acceso a microcréditos para personas y organizaciones de bajos recursos, un fin que, según los números expuestos, no se estaba cumpliendo de manera eficiente.
Estructura y personal afectado
La comisión contaba con una dotación de 72 empleados, incluyendo un coordinador general y cuatro coordinadores de área. Tras la disolución del organismo, estos trabajadores fueron puestos “a disponibilidad”, lo que significa que el Estado tiene hasta 12 meses para reubicarlos en otras áreas, periodo durante el cual seguirán cobrando sus salarios. Si no se concreta su traslado, serán indemnizados y desvinculados formalmente.
La Comisión Nacional de Microcréditos es solo el primer paso dentro de la estrategia de ajuste del Gobierno. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, trabaja junto a otras áreas para identificar organismos redundantes o cuya función pueda ser absorbida por provincias, municipios o el sector privado.
Según confiaron fuentes oficiales al periodista Ignacio Grimaldi de La Nación, esta nueva etapa buscará eliminar al menos 300 estructuras organizativas, superando las 250 ya eliminadas durante el primer año de gobierno.
Un ejemplo en la mira es el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), que recibe denuncias de consumidores. “Es una función que ya realizan otros organismos”, argumentan desde el Ejecutivo. Lo mismo sucede en el sector de Transporte, donde existen áreas que replican tareas similares.