La operación tuvo lugar en cuatro inmuebles ubicados en la ciudad entrerriana de Concordia en el marco de la investigación enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero que involucra al exlegislador.
La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó nuevos allanamientos en el caso del exsenador Edgardo Kueider. La Gendarmería Nacional realizó hoy, sábado 21 de diciembre, un operativo sobre cuatro de sus propiedades en la ciudad entrerriana de Concordia.
Los allanamientos tienen lugar luego de que, también por orden de la jueza federal, se allanara el despacho que fuera de Kueider en el Senado, clausurado por la vicepresidenta Victoria Villarruel tras la expulsión de la Cámara Alta del entrerriano. El exfuncionario del gobierno provincial de Gustavo Bordet está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero.
Los allanamientos en Concordia
El primero de los allanamientos del día de la fecha fue en la casa particular de Kueider donde convivía con su segunda esposa Liliana Di Lello y sus dos hijos, ambos menores de edad. Se trata de la segunda vez que es allanada por fuerzas de seguridad pública.
Otro de los lugares allanados fue una clínica de recuperación ubicada en la zona céntrica de Concordia que pertenecía a Di Lello, con quien finalizó su vinculo hace un año. En dicho inmueble se dedicaba a su profesión de kinesióloga. Los demás lugares revisados fueron una casa y una oficina alquilada por una persona que no está imputada en la causa. Ambas propiedades también se encuentran en el centro de la ciudad entrerriana.
Mientras sigue con la investigación a Kueider, a quien la Justicia le rechazó su pedido para ser restituido en su cargo senatorial, la jueza Arroyo Salgado envió un exhorto internacional en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero contra el exsenador. La solicitud se extiende a la secretaria Iara Guinsel Costa, y exige el secuestro de los celulares de ambos así como el allanamiento del departamento donde cumplen prisión domiciliaria.