En términos prácticos, puede decirse que de cada tres barcos cargados con soja que van al exterior a productores y exportadores les quedan sólo uno y los otros dos se los queda el sector público.
El Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, captura la mayor parte de la renta agrícola, tomando el promedio ponderado de los cuatro principales cultivos, soja, maíz, trigo y girasol.
Según el último relevamiento de la Fundación Agropecuario para el Desarrollo de Argentina (FADA), en diciembre la participación de los impuestos sobre la renta agrícola llegó al 64,3%, lo que supone un incremento de 2,8 puntos porcentuales respecto de la medición de septiembre cuando había marcado una participación impositiva del 61,5%.
"De cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $64,3 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales", sentencia el informe.
Pero en el desagregado por cultivos la presión impositiva tiene una importante dispersión, capturando el Estado el 68,5% de la renta en el caso de la soja, 56,6% en el maíz, 69,5% en el trigo y 59,1% de la producción de girasol.
En la comparación con diciembre de 2023 el índice FADA de diciembre terminó en 5,4 puntos porcentuales más, mostrando una tendencia al incremento de la presión impositiva.
"Si se desglosa lo que se paga por jurisdicción, 94,7% son impuestos nacionales, 4,7% provinciales y el resto municipales. De esos impuestos nacionales, el 67,5% no se coparticipan a las provincias, principalmente son los Derechos de Exportación o DEX", indica el informe.
“A modo de ejercicio, si desaparecieran los DEX la participación del Estado sería del 36%. Un escenario que no sólo sería positivo para el productor, sino que permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y mayores inversiones. Esto a su vez implicaría un mayor movimiento en diferentes regiones del país y un crecimiento en diversas áreas de la sociedad, sería positivo para todos los argentinos”, afirma Nicolle Pisani Claro, Economista jefe de FADA.
Tras explicar que la renta agrícola es el resultado de descontarle al valor de la producción, los costos para producir, las Nicolle Pisani Claro y Natalia Ariño, economista de la entidad aseguran que "el trasfondo de este aumento sigue siendo la caída de precios (internacionales), a lo que se adiciona la pérdida de efecto del dólar exportador", a punto que ambos incrementan la participación del Estado sobre la renta agrícola.
"Si desaparecieran los derechos de exportación la participación del Estado sería del 36%. Un escenario que no sólo sería positivo para el productor, sino que permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y mayores inversiones", indicó FADA.
En relación a los precios internacionales de los granos, el estudio destaca que, en un escenario de mayor producción global para la presente campaña en comparación a la anterior, niveles de stock mundiales y menor demanda de China, los precios "comenzaron a caer, principalmente en los primeros meses de 2024, encontrándose hoy por debajo del promedio de los últimos cinco años".
Y explica: "La caída de los precios, aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de lo que fue la sequía, hacen reducir el valor bruto de la producción. En este contexto, con precios debilitados, sumado a la pérdida de efecto del dólar exportador, generan una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola, con un menor valor de la producción".
Por su parte, el llamado dólar exportador, o "blend", que permite liquidar exportaciones 80% al dólar oficial y 20% al Contado con Liquidación, ajustado por inflación es un 2% menor a la medición de septiembre 2024 y 28% menor que inicios de 2024, revela FADA. Esto genera otro impulso para que la participación del Estado en la renta sea mayor.
En cuanto a los impuestos que paga el sector, los impuestos nacionales no coparticipables representan el 67,5% del total, con base en derechos de exportación y débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).
Entre los tributos nacionales coparticipables representan el 27,2% de los impuestos medidos y sobresalen el impuesto a las Ganancias (neto del impuesto a los créditos y débitos) y los saldos técnicos de IVA.
A nivel provincial se cobran el impuesto Inmobiliario Rural, el impuesto a los Sellos y el impuesto a los Ingresos Brutos, aunque hay que aclarar que tiene una alícuota reducida, dado que ni Córdoba ni Santa Fe cobran este "impuesto. Así, los impuestos provinciales explican el 4,7% de los impuestos totales", indicó FADA.
Los tributos o tasas municipales representan el 0,6% de la carga impositiva, según el Índice FADA promedio nacional. "El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia, remarcó.