En el marco de la profundización de los recortes que el presidente confirmó días atrás, la medida impacta en gran parte del sector público. Y si hubiera una contratación, deberán pasar un examen.

En el último día del año, el Gobierno estableció restricciones para la contratación de personal en el Sector Público Nacional a partir del 1 enero. Mediante un decreto el Ejecutivo argumenta que busca "garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional", en un contexto de "motosierra profunda" que el propio Javier Milei confirmó días atrás.

Esta medida se enmarca en la emergencia pública económica, financiera y administrativa declarada previamente. Se fundamenta en el texto que el objetivo es el "mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional".

El decreto lleva la firma del presidente y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes de esta manera prohíben nuevas designaciones y contrataciones en las jurisdicciones y entidades públicas, incluyendo plantas transitorias, contratos autónomos y designaciones permanentes o temporales.

Se aclara de todos modos que "los límites establecidos no deben ir en desmedro de la posibilidad de realizar designaciones y contrataciones de personal cuando respondan a necesidades estratégicas para el funcionamiento del Sector Público Nacional"

A propósito, se establecen excepciones para sectores estratégicos como el sistema científico-tecnológico, universidades, fuerzas de seguridad, servicios de salud esenciales y programas que cumplen con el cupo de discapacidad. También se exceptúan las prórrogas de contratos vigentes y los procesos de movilidad interna en la administración pública.

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Para las contrataciones no contempladas en estas excepciones, se permitirá realizar un alta por cada tres bajas, como resultado de renuncias, jubilaciones o desvinculaciones. Estas incorporaciones deberán ser validadas por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Las entidades que hayan realizado procesos de racionalización de personal podrán solicitar excepciones, justificando necesidades estratégicas y con la aprobación de las autoridades competentes.

En estos casos, los aspirantes a ingresar al servicio público nacional deberán aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que el Gobierno ya comenzó a implementar.

El decreto también insta a las empresas y fondos fiduciarios estatales a implementar medidas similares en sus respectivos ámbitos. La norma entrará en vigencia el 1° de enero de 2025 y será la Secretaría de Transformación y Función Pública la encargada de dictar las disposiciones complementarias necesarias.