Joe Biden le hizo el viernes pasado un último favor a la Argentina, antes de retirarse de la Casa Rosada. A través de una presentación como “amicus curiae” del poder judicial de los Estados Unidos, y a través del Departamento de Justicia de es país, el gobierno norteamericano presentó los papeles finales correspondientes ante el tribunal del Distrito Sur de Manhattan dirigido por la jueza Loretta Preska, para defender el derecho argentino a no entregar las acciones de la petrolera YPF como garantía de cobro para los demandantes del juicio por la manera en que se re estatizó esa empresa en 2012. La causa tiene fallo negativo contra el país en primera instancia, y está en proceso de resolución en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.

Y, mientras tanto, existe el reclamo del fondo Burford Capital (los acreedores vencedores en la causa), para garantizar el cobro de los U$S 16.000 millones estimados por Preska que Argentina debe pagarle por haber perdido el juicio. Burford reclama ante la jueza que se embarguen el 51% de las acciones de la petrolera, como garantía de cobro, mientras el país apela la decisión. Los abogados del país rechazan la iniciativa bajo el argumento que si bien la Nación es propietaria de ese paquete, corresponde a una sociedad sin relación con el manejo de la empresa. Con el escrito presentado el viernes, Biden a través del Departamento de Justicia, coincide con Argentina.

En la misma situación de YPF, bajo fuego cruzado de reclamos de embargos desde Burford ante Preska, se encuentran también activos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco Nación (BNA) y la Empresa de Energía Sociedad Anónima (ENARSA). El peligro de acción de Burford vía Preska sobre las acciones de YPF tienen un condimento especial de los últimos meses: la empresa tuvo una revaluación activa en su precio de mercado pasando de los 6000 millones de noviembre de 2023 (ultimo mes de gestión de Alberto Fernández) a más de 18.000 millones de dólares de la actualidad, con lo que el 51% del valor de la empresa llegaría a los 9.000 millones, cuando hace 12 meses no alcanzaba los 3.000 millones. Nada mal.

De ahí el valor de la ayuda de Biden. En general este tipo de requerimientos oficial de la administración nacional norteamericana son respetados por parte de los jueces, con lo que Preska debería postergar su decisión forma de avanzar en la medida de tomar como garantías las acciones de estas compañías, hasta que la posición de la administración Joe Biden quede expuesta. Se supone que, de alguna manera, sería favorable a la Argentina, con lo que si luego la jueza atiende el requerimiento del Departamento de Justicia, podría haber algún tipo de freno al avance de Preska sobre los activos de YPF, ENARSA, BCRA y el BNA.

Esta decisión de tomar estas acciones de las cuatro sociedades, había sido un pedido de marzo del 2024 de los abogados de Burford, ante la continuidad del juicio en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y luego que el demandante haya tenido fallo favorable a su posición en la primera instancia. Como la causa de apeló y durará en los tribunales de los Estados Unidos más del 2025; Burford pidió el derecho de embargar activos financieros y físicos del país ubicados en los Estados Unidos, como garantía de cobro futuro y aplicando la teoría del “Alter Ego”. Esto es, la consideración que las tres sociedades forman parte del Estado Nacional y, en consecuencia, pueden ser colocadas como garantías.

Argentina siempre negó que, pese a su propiedad, sean activos de manejo habitual y político de la Nación; afirman que se trata de sociedades con manejo autónomo e independiente más allá de la propiedad de las empresas. La posición era defendida con cierto criterio ante los tribunales de Preska, hasta julio. Una frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof sobre la conducción de YPF luego que la petrolera decidiera no invertir en Bahía Blanca y cambiar la construcción de una planta de licuefacción en Río Negro; reactivó el pedido de Burford.

El gobernador había dicho que “los directivos de YPF son funcionarios de Milei. Tomaron decisiones por pedido de Milei", un día después que el directorio de la petrolera de elegir el puerto de Sierra Grande en Río Negro en lugar de Bahía Blanca. Según la visión de Kicillof, Javier Milei había presionado al directorio de la compañía para que la planta se radique en la Patagonia quitándole a Buenos Aires una inversión que ya había sido cerrada por Cristina Fernández de Kirchner el primero de septiembre del 2022 con los malayos. De nada sirvió que el directorio aclarara que la decisión se tomó en base a un informe técnico de la consultora Arthur D. Little donde se recomendaba el puerto rionegrino por sobre el bahiense. Para el gobernador bonaerense, la decisión fue estrictamente política.

Esa frase fue tomada por el fondo Burford Capital, para reforzar su posición sobre la necesidad de embargar acciones de la petrolera para garantizar el cobro del fallo favorable del juicio en los tribunales de Loretta Preska. Desde marzo de este año, ya con el derecho por reclamar por los U$S 16.000 millones de dólares que la jueza determinó que se le deben al fondo, Burford pide embargar bienes argentinos en el mundo. Y el primer objetivo desde que se presentó con este reclamo, fueron el 51% de acciones que el estado posee en YPF. Preska está desde junio evaluando si avanza o no en el reclamo, y para reforzar el pedido y sus derechos; Burford presentó ayer ante el tribunal la frase de Kicillof para reiterar que ese paquete accionario renacionalizado en 2012 es manejado por el Poder Ejecutivo, y, en consecuencia, embargable.

Preska maneja una jurisprudencia que abrió Thomas Griesa en el juicio contra los fondos buitre y que indica que los dichos de los funcionarios en función o ya fuera de sus cargos de responsabilidad, pueden ser tomados como válidos en cuanto a los intereses de los demandantes; siempre que la causa ya tenga sentencia firme en primera instancia. Es el caso de la causa por la renacionalización de YPF. Hay que recordar que fue el actual gobernador bonaerense el que, en su rol de último ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quién llevó adelante el proceso de estatización de la petrolera; con lo cual sus declaraciones pueden ser tenidas en cuenta en la causa.

En este sentido, la frase sobre la relación y obediencia del directorio de YPF al presidente Milei, podría impactar directamente en el reclamo de Burford de relacionar directamente a la petrolera como parte de los activos de la Nación; y, en consecuencia, pasibles de eventuales embargos. Preska había fallado originalmente que las responsabilidades del caso no impactaban en la petrolera, bajo la explicación que la conducción de la empresa era independiente y que el estado nacional simplemente era accionista mayoritario. Sin embargo, los dichos de Kicillof podrían interpretarse como una situación contraria. O, al menos, esto podrían interpretar los abogados que representan a Burford.

La situación se complica si se tiene en cuenta que desde mayo del 2024, Preska dio visto bueno para definir si, a partir de un reclamo de Burford, tanto YPF como otras compañías como el Banco Nación o el Banco Central son potenciales “Alter Ego” del país. Esto es, sujetos jurídicos directamente relacionados y en acción conjunta permanente. Argentina debió en consecuencia enviar información sobre los movimientos de los últimos años de la petrolera y la entidades financieras, para luego avanzar en eventuales embargos al país. Desde ese mes, en consecuencia, YPF está en peligro de potenciales embargos, ya que Preska debe resolver si las acciones que el estado nacional posee en la petrolera son o no manejadas por el gobierno nacional o activos independientes. La frase de Kicillof, puede no ayudar a que se rechacen como parte de los bienes del estado argentino. Y, luego, embargables como garantía que el país cumplirá el compromiso de pagarle al demandante, los U$S 16.000 millones más intereses que Burford y Eton Park (como minoritario) que Preska consideró como acreencias de los dos fondos que vencieron en el juicio.

Desde ayer, YPF y el BCRA son consideradas por Preska como “Alter Ego”  El reclamo había sido rechazado por Argentina en junio del 2024, bajo el argumento que por las propias leyes argentinas no se puede transferir acciones a través de los poderes judiciales, tanto nacionales como extranjeros; y que una operación de este tipo sólo puede ser concretada por el Congreso Nacional. Y, en el caso de las sociedades que son hoy propiedad del estado Nacional por haberlas renacionalizadas, la aprobación del Congreso debería contar con dos tercios de los votos en ambas cámaras. Hoy una utopía política. El argumento legal que presentaron los abogados que representan al país del estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell (S&C), vuelve sobre el capítulo que no se pueden aplicar leyes y jurisprudencia norteamericana, cuando están involucradas regulaciones locales que hayan pasado por el Congreso Nacional. Este planteo no dio resultados en el pasado en este caso, dado que en su momento se reclamó el argumento de las leyes locales para defender la reestatización y el no haber abierto la oferta realizada a Repsol a los accionistas privados. Según el argumento original, una ley local tendría más fuerza que las normas y la jurisprudencia de Wall Street, algo que Preska ya rechazó.

La jueza de Nueva York, que determinó que la demanda original de Burford ya falló en contra del país, decisión que Argentina llevó a la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde ahora se debe resolver el reclamo.
YPF, como sociedad independiente del estado argentino pese a tener la mayoría accionaria luego de la reestatización del 2012, había presentado un escrito por el cual se opuso a la entrega al juzgado de esa información considerándola privada y exclusiva de los socios de la compañía, y asegurando que se trata de una sociedad privada, con cotización abierta tanto en Buenos Aires como en Nueva York, y que como tal está protegida por las normas de confiabilidad y auditoría de las bolsas de comercio de las dos ciudades. Y que, además, en el caso de Wall Street, esa acción de apertura de información a los demandantes externos a la compañía, violentaría la protección de amparo de la Security Exchange Commission (SEC). YPF, como sociedad cotizante en los mercados de capitales, aseguró además en el escrito que mantiene, además del estado argentino, muchos socios privados; con lo que no podría ser un “Alter Ego” del país. Y que, en consecuencia, sus acciones (tanto las públicas como las privadas) no pueden ser pasibles de embargos. Siguiendo esta línea judicial, la argumentación no podría extenderse hacia el resto de las acciones reclamadas ahora por Burford, ya que ninguna de ellas tendrían cotización en Wall Street; y, luego, no estarían bajo la vigilancia de la SEC.

La causa se basa en la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, por la manera en que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, el Congreso Nacional aprobó la ley que autorizó la toma del control accionario mayoritario de YPF, sin tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios. La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park que reclaman por la forma del proceso de renacionalización comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera. Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.