Según estipula un decreto firmado por Javier Milei, la medida responde a cuestiones de seguridad y a la necesidad de mejorar los equipamientos para enfrentar situaciones delictivas.

Luego de que se detectaran drones civiles en las inmediaciones de la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei, inició la compra de un sistema de seguridad para limitar el acceso de ese tipo de dispositivos a la que declaró secreta, a través de un decreto.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich, la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), más conocidos como “drones civiles”, motivó el apuro en la compra de nueva tecnología para combatir este tipo de acciones.

Lo que llamó la atención es la declaración del Gobierno del secreto sobre la compra, lo que permite que se salté el llamado a licitación y pone en jaque la transparencia de la adquisición, ya que desde el oficialismo no se brindará información correspondiente al costo de la operación, ni a las condiciones.

“Declárese secreta por razones de Seguridad Nacional la operación contractual para la adquisición de un sistema anti drones a ser sustanciada por el MINISTERIO DE SEGURIDAD, en los términos del artículo 25, inciso d) apartado 6 del Decreto N° 1023/01”, señala el primer punto del decreto que rubrica Milei.

Además, el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial, indica que “se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”.

“Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”, concluye el texto oficial que despertó una fuerte polémica.

La decisión del Presidente también incluye la provisión de una “doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, para que puedan intervenir en casos que se los consideren necesarios.