E juez aceptó la presentación de una legisladora de Unión por la Patria para proteger lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura.
Mientras el Congreso se alista para tratar su pliego como candidato a la Corte Suprema, el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del kirchnerismo de proteger sitios de memoria que vieron afectado su funcionamiento tras los recortes del Gobierno en áreas de Derechos Humanos.
El escrito está dirigido a Alberto Baños, a cargo de la secretaría de Derechos Humanos, y solicita que se tomen las medidas necesarias para mantener el funcionamiento de cuatro sitios de la memoria donde funcionaron centros de detención clandestinos durante la última dictadura cívico militar.
Lijo, en su resolución, señaló: “Requiérase a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria en que funcionan en los ex CCDT [Centros de detención y tortura] “Olimpo”, “Club Atlético”, “Automotores Orletti”, y “Virrey Cevallos” permanezcan en funcionamiento para las actividades que se encuentren abiertas al público en dichos sitios, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria – necesarias para las visitas- y de los techos y las canaletas para evitar inundaciones que puedan dañar los espacios”.
La legisladora porteña, Victoria Montenegro, había actuado al respecto y a comienzos de año criticó los recortes en la áreas de DDHH.
“Presenté una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, por el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. No vamos a permitir el atropello a los trabajadores ni la destrucción de las políticas públicas que nos han convertido en un ejemplo mundial”, indicó el 3 de enero.