La Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, por la presunta retención de fondos que deberían haberse destinado a hipódromos.
La actividad hípica de la provincia de Buenos Aires enfrenta una crisis sin precedentes tras una denuncia penal contra el ministro de Economía, Pablo Julio López. Según la presentación, realizada por el abogado Mariano Fragueiro Frías en representación de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, el funcionario habría retenido más de $2.600 millones del Fondo Provincial del Juego (FO.PRO.JUE), destinados por ley a los hipódromos provinciales.
Este fondo, regulado por la Ley 13.253, proviene de la recaudación de las máquinas tragamonedas y tiene como objetivo principal sostener la industria del turf, de la cual dependen cerca de 500.000 personas, según estimaciones del sector.
La denuncia detalla que el Ministerio de Economía no transfirió los fondos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. En total, los montos adeudados ascienden a $2.622.590.300.
El escrito judicial, al que accedió la periodista Julieta Rolandelli de La Nación, señala:
Septiembre: $595.514.101
Octubre: $633.395.021
Noviembre: $660.773.777
Diciembre: $732.907.401
Estos recursos deberían haberse distribuido entre los hipódromos de San Isidro, La Plata, Dolores, Azul y Tandil. Sin embargo, según Fragueiro Frías, los fondos fueron desviados o retenidos para fines no aclarados por el ministro López y su equipo.
El artículo 3 de la Ley 13.063 establece que el 14% de las utilidades brutas generadas por las máquinas tragamonedas debe asignarse al FO.PRO.JUE. A su vez, la llamada “Ley de Turf” estipula que entre un 9% y un 15% de este fondo debe destinarse específicamente al sector hípico.
La finalidad de esta asignación es mitigar el impacto de los juegos de azar sobre el turf, una industria histórica que atraviesa una grave crisis desde la proliferación de los tragamonedas. Los fondos retenidos suelen distribuirse en un 70% para premios hípicos, lo que garantiza el sustento de propietarios, entrenadores, jockeys y trabajadores vinculados.
La falta de transferencia pone en jaque a toda la cadena productiva del turf. “Sin estos recursos, la continuidad de la actividad es inviable, lo que significaría la pérdida de miles de puestos de trabajo”, expresó el abogado Fragueiro Frías.
La denuncia fue radicada en la UFIJ N°16 de La Plata, donde el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta llevará adelante la investigación. El caso apunta no solo a Pablo López, sino también a otros funcionarios que habrían participado en la maniobra denunciada.
En paralelo, desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, el departamento de Contabilidad confirmó que los fondos estaban disponibles para ser transferidos, lo que refuerza las sospechas sobre un manejo irregular en la Tesorería provincial.