En la segunda derrota para el Gobierno en tribunales internacionales en solo tres meses, la Corte Suprema de Estados Unidos -cercana a Donald Trump- rechazó la apelación argentina en uno de los casos relacionado con el 2% de los bonistas que no entraron a ninguno de los canjes de deuda. De esta forma, los fondos buitres podrán disponer de 310 millones de dólares.

La historia de esta demanda se remonta al 10 de marzo de 1989 cuando Nicholas Brady, secretario del Tesoro de EEUU lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default de la década del 80, cuyos acreedores eran los bancos comerciales y pasaron a ser cientos de miles de bonistas en todo el mundo. La Argentina se sumó a este plan el 6 de diciembre de 1992 y cuatro meses más tarde se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos títulos de deuda pública.

Se trata de deuda que entró en default a fines del 2001 con la cesación de pagos declarada por el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá en la explosión de la convertibilidad y que no fue reestructurada en los canjes del 2005 y 2010. Tampoco aceptaron el acuerdo del 2016 formulado por Macri ni el canje del 2020 llevado adelante Martin Guzmán. Los bonos del Plan Brady vencieron el 31 de marzo del 2023.

"Los acreedores pronto tomarán posesión de USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los EEUU, Alemania y Suiza", afirmó Sebastián Maril, experto en litigios internacionales. Son dólares que fueron depositados como garantía de los bonos del Plan Brady.

Como antecedente inmediato, ya en octubre pasado el Tribunal Superior de Londres le dio la razón a cuatro fondos buitres y condenó al país a pagar 1330 millones de euros a tenedores de los cupones atados al crecimiento del PBI por la presunta alteración de las estadísticas oficiales.