El Gobierno nacional y el Ejecutivo de Mendoza concretaron la primera privatización de la era Javier Milei al transferir las acciones estatales de IMPSA al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo socio principal es ARC Energy. Esta operación marca el retorno de la emblemática empresa metalúrgica mendocina al sector privado, tras haber sido estatizada en 2021 para evitar su quiebra.

IMPSA, fundada en 1907 por la familia Pescarmona, se especializa en la fabricación de equipos como turbinas, grúas y reactores para los sectores de metalurgia, generación de energía y tecnología.

En el 2021, enfrentando serios problemas financieros, el Estado nacional adquirió el 63,7% de sus acciones, mientras que la Provincia de Mendoza obtuvo el 21,2%, mediante una capitalización conjunta de 20 millones de dólares. Fue una decisión estratégica de una empresa súper especializada, lo que explicó el entendimiento al que llegaron los gobiernos nacional y provincial de distinto signo político.

La reciente operación de privatización incluyó la transferencia del 63,7% de las acciones que pertenecían al Estado nacional, el 21% de la provincia de Mendoza, el 5% de la familia Pescarmona y un 10% en manos de acreedores. ARC Energy, el único oferente en el proceso de licitación, propuso una capitalización de 27 millones de dólares para IMPSA y solicitó hasta el 31 de enero para renegociar la deuda de la empresa, que asciende a 576 millones de dólares, principalmente con el Banco Nación, el BICE y el BID.

La Comisión Evaluadora, integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza, recomendó la preadjudicación de las acciones al consorcio IAF tras evaluar su idoneidad y capacidad financiera. Se espera que, una vez obtenida la conformidad de los acreedores para la renegociación de la deuda, se proceda a la redacción del contrato de compra-venta de acciones y su posterior transferencia.

Esta privatización se alinea con la política del presidente Javier Milei de reducir el tamaño del Estado mediante la venta de empresas estatales y la eliminación de subsidios, buscando así alcanzar un presupuesto con "déficit cero". La expectativa en Mendoza es que la privatización reactive las operaciones de IMPSA, que actualmente emplea a 660 trabajadores y participa en proyectos clave como la represa Yacyretá, las centrales nucleares gestionadas por Nucleoeléctrica y operaciones en Vaca Muerta.

Con esta medida, el Gobierno busca que IMPSA continúe su actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado, sin la asignación de recursos federales a empresas privadas. La provincia de Mendoza manifestó su apoyo explícito a esta decisión, confiando en que la empresa, bajo gestión privada, pueda recuperar su posición en el mercado y contribuir al desarrollo económico regional.