Este lunes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto que promulga la Ley Antimafias, sancionada hace algunas semanas por el Congreso en sesiones extraordinarias.

La nueva legislación endurece las penas para los miembros del crimen organizado y apunta a desarticular las bandas dedicadas a delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas.

Según se indica, se considera organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que operen concertadamente en un área determinada con el propósito de cometer delitos graves, con modalidades operativas definidas y con la intención de obtener beneficios ilícitos o intimidar a la población.

A su vez, establece criterios claros para investigar la vinculación de delitos este tipo de bandas; ya sea la reiteración de hechos delictivos en zonas específicas, la intención de amedrentar a autoridades o de desplazarse a otras áreas.

La ley permitirá realizar investigaciones especiales en ciertas circunstancias: las autoridades judiciales podrán declarar áreas geográficas como zonas sujetas a investigación especial y dar intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con la Justicia.

Respecto a la penas, pueden variar entre ocho y veinte años para aquellos involucrados que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita.

También se permite el decomiso anticipado de bienes a través del Ministerio Público Fiscal, el cual podrá solicitarlo y los activos pasarán inmediatamente al dominio del Estado. EN caso de ser encontrada inocente la persona volverá a disponer de ellos y se garantizará la protección del derecho de propiedad.