La Justicia avanza contra el líder del Polo Obrero, acusado de liderar una red que exigía dinero y asistencia a marchas a cambio de planes sociales. Detectaron facturas truchas, amenazas y un sistema de control con listados y sanciones internas.

La Justicia federal está cada vez más cerca de sentar en el banquillo de los acusados a Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, por el presunto desvío millonario de fondos públicos y la utilización sistemática de amenazas y extorsión a beneficiarios de planes sociales.

El juez federal Sebastián Casanello, tras una larga investigación y con el respaldo del fiscal Gerardo Pollicita, se prepara para elevar la causa a juicio oral, una decisión que podría marcar un antes y un después en el manejo de las organizaciones sociales vinculadas al Estado.

La acusación que pesa sobre Belliboni y otros 17 dirigentes incluye delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. El esquema, que operó entre 2020 y 2024, tuvo como eje el uso del programa Potenciar Trabajo como una herramienta de recaudación paralela al servicio del Partido Obrero.

De acuerdo con la documentación judicial, el Polo Obrero y la cooperativa “El Resplandor Limitado” manejaban más de 65 mil planes sociales a nivel nacional. Parte de ese dinero público, en lugar de destinarse a proyectos de capacitación y empleo, se desviaba mediante facturación falsa hacia empresas amigas o creadas a tal efecto. Entre las firmas señaladas por la AFIP como apócrifas figuran Coxtex, Ricoprint, Urban Graphics y Miniso Trade, entre otras.

Se estima que al menos $40 millones de los $360 millones recibidos fueron derivados a campañas políticas y otros fines ajenos a los fines del programa. Según el expediente, sólo entre agosto de 2023 y febrero de 2024, se recaudaron más de $313 millones de forma ilegal.

El juez Casanello calificó los hechos como un caso donde “lo público se confundió con lo privado”, al descubrir que parte del dinero fue usado para financiar una campaña de publicidad digital del Partido Obrero.

Pero el caso no se reduce al fraude fiscal. El corazón de la acusación es más grave: la extorsión sistemática a personas en situación de vulnerabilidad. Documentos secuestrados en allanamientos, incluyendo cuadernos y planillas de Excel, revelan cómo se exigía a los beneficiarios del Potenciar Trabajo participar de movilizaciones políticas bajo amenaza de sufrir descuentos o perder el plan.

Los listados, encontrados en domicilios vinculados al Polo Obrero, detallaban nombres, fechas, faltas y sanciones aplicadas por ausencias a marchas. Uno de los registros más elocuentes lleva por título “Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1”, donde cada asistencia era controlada. En algunos casos, se anotaba como “media marcha” a quienes llegaban tarde, reflejando un sistema disciplinario interno altamente organizado.

El contenido de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos hallados en la causa confirma esta mecánica: se impartían órdenes estrictas a los referentes para que presionaran a los titulares de los planes. La asistencia a actos partidarios era obligatoria, y quienes no cumplían eran catalogados como “poco comprometidos” o directamente eran amenazados con ser removidos del sistema de ayuda.