Otras 51 personas físicas y jurídicas fueron alcanzadas por la medida impuesta por el juez federal Sebastián Casanello.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó reponer la inhibición general de bienes sobre Alberto Fernández y otras 51 personas físicas y jurídicas, en el marco de la investigación por contrataciones irregulares de seguros en dependencias del Estado durante su gobierno. La medida, que ya se había dictado en abril de 2024 por el juez Julián Ercolini, fue en su momento revocada por la Cámara de Apelaciones, pero ahora vuelve a estar vigente tras lo que Casanello calificó como “notorios avances” en la causa.

La nueva resolución afecta al expresidente, a exfuncionarios, empresarios y brokers de seguros, así como a una docena de sociedades vinculadas al rubro. Entre los mencionados figuran Héctor Martínez Sosa, María Marta Cantero, Mauro Tanos y empresas como TG Broker S.A., Bachellier S.A., BRI Brokers S.A., San Ignacio S.A. y dos cooperativas, 7 de Mayo e Irigoin, presuntamente utilizadas para desviar fondos de manera fraudulenta.

Casanello describió la existencia de tres grupos de brokers. El primero, liderado por Martínez Sosa, habría contado con vínculos personales con el expresidente y su secretaria, Cantero. El segundo, comandado por Pablo Torres García, incluye firmas como TG Broker S.A. y París Broker de Seguros S.A.. El tercero gira en torno a Oscar Castello, con su empresa Castello Mercuri S.A. y Service Risk S.A.. Todos ellos habrían intervenido en maniobras de direccionamiento de contratos desde organismos estatales hacia empresas afines.

Además, la Justicia detectó una trama paralela con participación del exfuncionario de Nación Seguros, Mauro Tanos, en maniobras de facturación simulada mediante cooperativas. Según Casanello, se evidenció “la presencia de profundos conflictos de interés en las más altas esferas de la Administración” y un presunto sistema de desvío de fondos públicos.

La medida busca preservar los bienes de los implicados ante una eventual responsabilidad penal o patrimonial. La causa sigue su curso mientras se profundiza el análisis de documentación secuestrada y pericias que, según el magistrado, “robustecieron la hipótesis de imputación”, en un expediente que pone bajo la lupa la gestión de seguros en el Estado durante la presidencia de Fernández.