La Argentina necesita sanear su economía, reducir la inflación, atraer inversiones, crear empleo privado, entre otras medidas.

Para tener menos pobres se deben crear las condiciones para una economía sana, sin inflación, con inversiones, creación de empleo privado, exportaciones con valor agregado, estado eficiente, modernas leyes laborales, inserción internacional y educación de calidad.

Estas son las condiciones que tienen los países con desarrollo, con bajos índices de pobreza y desempleo, tienen políticas sociales para los sectores vulnerables con asistencia temporal, mediante seguro de desempleo y/o la asistencia permanente para la pobreza estructural, que toda Nación tiene.

Ahora bien, con los niveles de pobreza que hoy tiene nuestro país con más del 40% de pobres y en niños/adolescentes es del 60%., con una economía en ruinas que requerirá tiempo para volverla a poner en marcha, mientras eso ocurra se requiere una urgente política social de shock.

Tuve entre 1991 y 1993 la responsabilidad de ser Secretario de Acción Social de la Nación, con esa experiencia me atrevo a esbozar algunas ideas y un posible plan de para una Política Social, con la colaboración de parte del equipo que me acompañó en esa gestión.

En aquella oportunidad, donde debimos atravesar también la epidemia del cólera, pudimos poner en marcha un programa social (PROSOL) que unificaba criterios y recursos en la gestión social, fue una muy buena experiencia que pudimos articular con provincias, municipios y ONGs.

Luego siendo Diputado Nacional 1995/99 presente un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados creando un Programa Único de emergencias y desarrollo social, es decir, sostengo la idea de la unificación desde hace bastante tiempo.

Las problemáticas de aquella época se fueron agravando por el colapso del 2001 más la inoperancia, ineficiencia y las pésimas gestiones en el área social desde el Estado. Así llegamos hoy con la mitad de la población pobre, pero con 141 programas sociales, que es igual o peor que no tener ninguno.

Encontramos en el presupuesto nacional un total de 141 planes y programas sociales, de los cuales gestiona 85 el Ministerio de Desarrollo Social, con presupuesto de 255 mil millones de pesos más 80 mil de programas de asignación especifica. Los otros 56 se distribuyen en ocho Ministerios, con sus propios presupuestos que suman otros miles de millones de pesos, es decir la dispersión a su máxima potencia.

No se encuentran incluidos aquí los programas Provinciales ni Municipales, ni tampoco los que dependen de ANSES como la AUH, entre otros. Tampoco estamos contando la Seguridad Social, Asignaciones familiares, pensiones y Jubilaciones, que por su monto son más un plan asistencial que una justa retribución para los merecedores del retiro laboral.

Debemos agregar la multiplicidad de «Unidades Ejecutoras «o «Unidades Técnicas», plagadas de contratos de consultoría para evaluación de los programas, algunos dados de baja hace décadas. Es decir que tenemos un Estado Nacional que despilfarra recursos y hace años abandono su rol de ordenador de las políticas sociales y le otorgo a las organizaciones sociales y a los organismos descentralizados la distribución de modo clientelar de los recursos públicos.

Esto condeno a millones de argentinos a permanecer en la pobreza y ser rehenes de quienes usufrutuan la cercanía al poder político de turno.

Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los movimientos sociales, son muy importantes en el desarrollo de una política social, porque son el factor aglutinador y de ejecución de programas en la comunidad, pero nunca deben ser los asignadores de recursos y prioridades, esa es una función exclusiva y excluyente del Estado.

Los organismos descentralizados como ANSES, PAMI etc. no pueden quedar en manos de facciones políticas para ser usados de manera partidaria.

Cuando vemos las cifras destinadas para «la lucha contra la pobreza» en el presupuesto y el dispendio en el uso de las mismas, solo se pueden explicar desde una mezcla de mala administración y corrupción. Los «teóricos» de la pobreza dirán que la mayor cantidad de programas «es para atender mejor, mediante la focalización de las problemáticas de acuerdo a cada realidad territorial etcétera».

La realidad, no las teorías pobristas, es que hoy estamos ante una catástrofe social de una magnitud imprevisible que pone en riesgo el sistema democrático y la convivencia social, lo cual ameritará una decisión contundente. Es imprescindible la urgente puesta en marcha de una Política Pública en lo Social, que restablezca el rol del Estado en la materia y unifique criterios y acciones.

El objetivo final de una estrategia de política social es (tarde o temprano) bajar de manera sustancial la pobreza.
Por lo tanto, a diferencia de las prestaciones universales, los planes y programas deben pensarse como una línea de acción «transitoria» (su éxito implica su disminución o desmantelamiento).
En esa línea de pensamiento la propuesta es crear un Plan Único de Emergencia y Desarrollo Social (P.U.E.D.E.S.).

El mismo unificará todas las partidas presupuestarias en materia social.

La administración de los fondos estará a cargo de Unidad de Gestión Social cuyo vértice será el Ministerio de Desarrollo Social, secundado por los Ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Vivienda. Esta Unidad interactuará con los Ministerios Sociales de todas las Provincias, a las cuales se les pedirá la creación de un Cuerpo de igual característica en su territorio con participación de los Municipios.

La sociedad civil participara a través de las ONG inscriptas en un registro público, deberán estar legalmente constituidas y con la documentación actualizada (es decir, estatutos, balances, etcétera).

P.U.E.D.E.S. contará con solo cinco lineamientos de Acción: 1- Asistencial; 2- Sanitaria; 3-Emergencia Alimentaria; 4- Urbanización; 5- Promoción y Capacitación, con metas de corto, mediano y largo plazo y con evaluaciones periódicas de cumplimiento.

Principios generales de los programas: los de carácter asistencial deberán tener una contraprestación del beneficiario/a y tendrá una duración de 12 meses, con renovación si el beneficiario cumplió con la contraprestación y acreditó la búsqueda de empleo en el mercado laboral, durante ese período.

Los de Promoción se darán con la presentación de proyectos comunitarios cuyo aportes del Estado serán por etapas no menores a cuatro y con auditorias/rendición de cuentas semestrales de acuerdo al avance de los mismos.

Las Sanitarias tendrán los diseños, planificación, ejecución y control del Ministerio de Salud. Los de Capacitación serán elaborados y monitoreados por Educación y Trabajo con los mismo principios generales que los anteriores. Los de Urbanización serán con participación activa de los habitantes de los núcleos urbanos y con los municipios. Hoy, de acuerdo al RENABAP, habría 4.500 asentamientos o villas de emergencia, también denominados barrios populares (deberá revisarse este registro).

Las únicas prestaciones sociales que se mantendrán permanentes serán las de Emergencia Alimentaria, las que se definan como Universales y los que vinculados a la Seguridad Social. Acciones operativas durante 180 días deberán:
* Re empadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios que tengan algún plan o asignación social. Reuniendo los nuevos requisitos que se determinaran oportunamente.
* Registrar todos los programas y planes sociales que estén vigentes.
* Obligación de registrarse de todas las organizaciones sociales que tengan asignados recursos del Estado en ese momento.
* Registrar todas las Unidades Ejecutoras y/o Unidades técnicas vinculadas al área social con presupuesto del Estado nacional o con financiamiento internacional.
* Cruzar información de beneficiarios con programas sociales de Provincias y Municipios.
* Revisión de Registro de Barrios Populares (RENABAP).
* En ese tiempo La Unidad de Gestión del P.U.E.D.E.S. preparará los nuevos planes y programas de asistencia social, sanitarios, de promoción y capacitación, más los de Alimentarios y de Urbanización junto a los requisitos para acceder a ellos.

Concluidos los 180 días todo plan y/o programa, beneficiario, ONG, Unidad Ejecutora que no se registrara o re empadrone, automáticamente dejará de percibir el subsidio y/o beneficio o financiamiento que tuviese en ese momento.

A partir del día 181, la conducción, la administración y asignación de planes/ programas sociales será resorte exclusivo de la Unidad de Gestión Social del P.U.E.D.E.S. presidida por el Ministerio de Desarrollo Social coordinado con los Estados Provinciales y Municipales con mecanismos públicos y transparentes de gestión, en base a las cinco líneas de acción: Asistencial, Sanitaria, Alimentaria, Urbanización, Promoción y Capacitación.
Podemos y debemos tener un programa social para contener a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. No es un imposible, solo hay que romper un circulo vicioso plagado de mala gestión, tercerización y corrupción.

Este Plan Social de Emergencia debe ser transitorio en su mayor porcentaje y ser una parte de un Plan Político y Económico, con profundas reformas en materia Económica, Educativa y Laboral que gire nuevamente a la Argentina hacia la cultura del trabajo, con desarrollo y crecimiento.

Argentina requiere de un Liderazgo político con alta capacidad gestión pública de shock para refundar el Estado Argentino, y esto es responsabilidad exclusiva de la Política.

Seguir insistiendo con esta política clientelar en materia social solo nos lleva a usar mal los recursos y no resolver el problema de la Pobreza. Es hora de tener un Plan Social Serio y Transparente y es posible realizarlo lo que necesitamos es una firme decisión política.

Sin duda la lucha para salir requiere un fuerte cambio en la orientación económica desde el Peronismo Republicano planteamos una política orientada por un capitalismo moderno. Basado en la cultura del trabajo, con baja inflación, aumento de la producción, sin cepos cambiarios ni a los exportadores, una Argentina abierta al mundo y ubicada dentro de los países occidentales democráticos.

Es decir, nuestro Proyecto político conducido por Miguel Pichetto busca una Argentina con desarrollo, progreso y crecimiento.

ESCRIBE EDUARDO MONDINO (*)

– Ex Secretario de Acción Social de la Nación (1991/93); ex Defensor del Pueblo.