No se conectaron a trabajar por zoom en ninguna dependencia en los últimos dos años. Los radicales creen que es un pase de facturas.
Cristina Kirchner echó a 40 empleados de planta temporaria del Senado que figuraban como asesores del bloque UCR, porque en dos años no se conectaron a trabajar por zoom en ninguna dependencia y por lo tanto eran "ñoquis", como se conoce en la administración pública a quienes cobran y no aparecen.
Así los consideró la secretaria administrativa de la Cámara, María Luz Alonso, quien en su primera reunión con los jefes de bloque en 2019 les explicó a los radicales que había una planta desproporcionada de asesores y tenían que deshacerse de varios o buscarles tarea para justificar el sueldo.
Pero unos 40 no hicieron ni una cosa ni la otra y aún en tiempos de pandemia, no aparecieron en ninguna reunión virtual prestando servicio. El 3 de enero, Alonso firmó una resolución cesanteándolos, pero recién este miércoles la UCR filtró la noticia en los medios y la definió como una venganza por no haber avalado la ley de bienes personales el 29 de diciembre, que se sancionó igual.
En el Frente de Todos no le perdonan a los jefes opositores que hayan especulado con frustrar la sesión cuando supieron que el oficialista Guillermo Andrada tenía Covid. Finalmente pudieron aprobar la ley con la colaboración de la riojana Clara Vega, aliada de Juntos por el Cambio hasta unos días antes.
Fuentes de la conducción del Senado niegan que se trate de un pase de facturas y recuerdan que los radicales ya habían sido advertidos que no podían tener personal nombrado sin aparecer por ninguna oficina, ni siquiera las virtuales.
"Ninguno de los 40 se quejó y no cobraron el sueldo en febrero. Claramente el pase de facturas fue entre los padrinos de varios de ellos y recién ahora lo quisieron hacer público", interpretan desde el oficialismo.
"Un administrativo de despacho no es tan fácil que consiga otro senador", admitieron, pero creen que no son los únicos casos y les apuntaron por el mal clima que hay después de la última sesión.
El recinto no abrirá hasta el 24 de febrero y sólo para el acto protocolar de elegir autoridades. No hay consenso para tratar leyes hasta nuevo aviso.