Será presentada en las próximas horas con las firmas de la titular del PRO y los diputados nacionales Iglesias y Ajmechet. “Tienen que ir todos presos”, escribió Bullrich desde su cuenta Twitter, donde dio a conocer la denuncia.
La Presidente del PRO Patricia Bullrich, y los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, como cofirmantes, presentarán una denuncia penal contra el gobierno nacional, por el delito de “sedición” y “traición a la Patria”, tras su desobediencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación.
El hecho denunciado así descripto, encuentra, adecuación el tipo previsto en el Art. 230 inciso 2 del Código Penal que reza: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: 2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
En tanto, los 19 mandatarios provinciales que apoyaron al Jefe de Estado por no acatar el fallo del Máximo Tribunal también fueron denunciados. Ellos son el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Gustavo Saénz.
“Tienen que ir todos presos”, escribió Bullrich desde su cuenta Twitter, donde dio a conocer la denuncia.
El miércoles pasado, en el marco de las actuaciones iniciadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Estado Nacional a fin que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, sancionada el día 10 de diciembre de 2020, la Corte Suprema resolvió ordenar que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. Asimismo dispuso que las transferencias correspondientes a lo dispuesto se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
Además, ordenó al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606. reiterando que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias por cuanto sea cual fuere el resultado del juicio los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria.
Al respecto, el Gobierno aseguró que no acatará el fallo y que recusará a los jueces del Tribunal que resolvieron a favor de la ciudad de Buenos Aires. Esta situación generó que abogados constitucionalistas advirtieran que la decisión de Alberto Fernández es motivo de juicio político.