La bancada de la oposición en la Cámara Alta cuestionó que el gobierno bonaerense “no publica información oficial respecto de la ejecución de gastos desde el primer trimestre del 2022”.
El bloque de senadores provinciales de Juntos presentó en las últimas horas un pedido de informes, en el que advirtió que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, “no publica información oficial respecto de la ejecución de gastos desde el primer trimestre del 2022”.
“La gente no cuenta con ninguna información posterior a esa fecha. El dinero del presupuesto de la Provincia de Buenos Aires es de los vecinos. Tienen derecho a saber en qué se gastó”, sostuvo el presidente del bloque, Alejandro Rabinovich.
“En la era digital, no podemos permitir que haya tantos meses de retraso para dar a conocer información pública por parte de la Provincia”, agregó.
La iniciativa cuenta con el apoyo de legisladores de la Cuarta Sección Electoral, como el chacabuquense Marcelo Daletto, quien afirmó: “En medio de la situación económica crítica que estamos atravesando, es necesario que el estado provincial garantice información oportuna y confiable sobre lo que es un derecho con garantía constitucional para todos: saber en qué se gastó el presupuesto asignado para 2022”.
“La Constitución Provincial establece -en su Artículo 103-, que es tarea del Poder Legislativo establecer los impuestos y contribuciones necesarios, además de fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Pero, ¿Qué margen tiene la Legislatura para cumplir su función de manera acabada en un escenario de asimetría informativa?”, cuestionó Daletto.
Por otro lado, en la iniciativa presentada en la Cámara Alta bonaerense se señala que “la provincia de Buenos Aires –a través de la Ley provincial 13.295, adhirió a la Ley Nacional 25.917, que establece que Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en su página web (…) con un rezago de un trimestre, información trimestral de la ejecución presupuestaria, del gasto, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres últimos casos el tipo de acreedor”.