Se trata de una causa que se lleva adelante en Nueva York y que involucra evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra integrantes del actual Gobierno nacional y bonaerense.
Finalmente se radicó en el país la denuncia contra cinco funcionarios públicos que son investigados por la Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en el marco de una causa iniciada en los tribunales de Nueva York.
Se trata del secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Montaña; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, y la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno del gobernador Axel Kicillof.
La causa llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, esta mañana y quedó a cargo del juez Julián Ercolini, quien deberá pedir la información recabada en los E.E.U.U para ampliar la causa contra los integrantes del gobierno actual.
El inicio de la investigación por delitos de evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se dio tras la presentación judicial de los Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en el pais del norte la descubrir el movimiento de dinero de forma ilegal hacia cuentas bancarias asentadas en el extranjero.
Pero la causa es mucho más amplia y esta denuncia es parte de una megacausa que inició el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, en los Estados Unidos, sobre la base de documentación en poder de la justicia norteamericana.
Es que el letrado representa a dos entidades de bonistas que ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por 35.092.958,41 de dólares, al reclamar bonos por fuera del canje ofrecido por el gobernador Kicillof.
De este modo se llega a la conclusión que existen movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires, lo que derivó en la denuncia presentada hoy ante la justicia federal argentina y que no descarta que aparezcan nuevos nombres ligados a la investigación.