“El gobierno de la Provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”, sostuvo Kicillof en declaraciones a la prensa.

En ese marco, el Gobernador señaló que “durante la reunión analizamos cómo afectaría esta norma a cada uno de los actores de la cadena y constatamos que ninguno había sido consultado”. “La industria pesquera tiene una importancia superlativa en la provincia de Buenos Aires, por eso hemos establecido líneas de trabajo que nos permitan acompañar a un sector que hoy está en riesgo”, añadió.

El Gobierno Nacional propone crear un sistema de licitaciones internacionales en el que las cuotas de captura se subasten al mejor postor, eliminando los parámetros actuales que condicionan la actividad al desembarco en puertos argentinos, la utilización de embarcaciones de bandera nacional, inversiones en el país y fomento de la mano de obra local.

Su aplicación tendría un impacto negativo en toda la cadena productiva pesquera, afectando los puestos de empleo y generando mayor incertidumbre e imprevisibilidad en el sector. Asimismo, se limitarían las funciones del Consejo Federal Pesquero para restringir la posibilidad de las provincias con litoral marítimo de establecer cuotas y aprobar permisos: las cuotas serían asignadas por la Autoridad de Aplicación a los mejores oferentes, quienes luego tendrían la potestad de transferirlas sin necesidad de autorización previa.

Miles de empresas afectadas

“Aquí en Mar del Plata se comprende que la implementación de esta ley afectaría a miles de empresas y familias de trabajadores dedicadas a la actividad hace muchas generaciones”, explicó Kicillof y sostuvo: “Sabemos que hay mucho para mejorar, pero esta ley va en el sentido contrario: nos dejaría sin empleo y sin industria nacional, arruinándoles la vida a miles de bonaerenses”.