El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, fue denunciado por el abogado de Bolívar, Jorge Moroni, por supuestas "lesiones al honor", luego de responder una serie de acusaciones que el abogado había realizado a través de una radio local.

La Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la defensa del intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, rechazando y revocando la sentencia que tenía en su contra por supuestas “lesiones al honor” del abogado de la ciudad de Bolívar, Jorge Moroni.

De esta manera, se dispuso la cancelación del pago de indemnización y el levantamiento de la medida cautelar de embargo que pesaba sobre el alcalde desde el 18 de abril de este año.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de la ciudad de Azul hizo hincapié en el derecho del Intendente de expresarse y defenderse libremente, ya que de acuerdo a este reciente fallo emitido “el abogado Moroni sí puede ser calificado como un personaje o figura pública.

Las manifestaciones del accionante (en referencia al Dr. Moroni) si bien revistieron siempre adecuada prudencia en cuanto a su forma, fueron portadoras de un contenido altamente crítico a la gestión municipal del demandado, en relación con la causa judicial involucrada”.

“El accionante otorgó entrevistas en una radio local (en alusión a Radio Mágica), informando no sólo el avance de la causa judicial en la que actuaba como patrocinante, sino también opinando públicamente sobre el proceder extrajudicial y judicial adoptado por los Bomberos Voluntarios y la Municipalidad”, indicaron los Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental de la ciudad de Azul.

Y agregaron: “Negligencia, desidia y sin razón (en directo perjuicio del patrimonio municipal; es decir de "los pehuajenses"); y presunto incumplimiento de los deberes municipales, abandono, insensibilidad e indiferencia (en perjuicio de un joven lesionado de 14 años y su familia), son todos calificativos que sin duda se desprenden, expresa o implícitamente, de las expresiones previamente efectuadas por el accionante; y no es posible prescindir de ello, como contexto sustancial en cuyo marco el Intendente accionado, formuló las expresiones objeto de cuestionamiento en autos”.

“No es posible omitir que esas expresiones pudieron afectar la reputación política del Intendente Municipal y su gestión -sin que ello implique sostener que fueron ilegítimas-; y es razonable presumir que, como él mismo lo sostuvo al contestar demanda, hayan motivado en él un ánimo defensivo. Fue precisamente tal ánimo, el que lo condujo, en ejercicio de su propia libertad de expresión, a difundir su versión sobre el proceder municipal, y a defender su gestión y el erario público, opinando -aun con desmesura e inconvenientes conjeturas- sobre el accionante, y sobre el modus operandi que, a su parecer, venían adoptando algunos abogados. Se advierte, entonces, como sustrato fundamental, un evidente propósito defensivo; y una reacción motivada en las duras críticas que el demandante había previamente efectuado, de modo público, al proceder de la Municipalidad, y más puntualmente, a la postura del Intendente accionado en lo concerniente a la causa judicial en cuestión”, remarcaron.

“Por otra parte, de la interpretación integral de los dichos del demandado, se desprende, pese a los excesos, un interés ajeno a la mera y gratuita ofensa al actor, representado por la intención de resguardar los intereses económicos de los pehuajenses, mediante la protección del erario municipal. Las expresiones del Intendente permiten advertir que, con acierto o no, consideraba injustamente afectadas las arcas municipales. Y en relación con esto último, cobra relevancia la acreditada preocupación que la Municipalidad venía demostrando respecto de determinadas prácticas concertadas con abogados”, sostiene el fallo.

Cabe recordar que, en abril de este año, el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de la ciudad de Azul dictó una sentencia por la que Zurro debía pagar un juicio de 3 millones de pesos por "lesión al honor" en el marco de una causa que inició Moroni, por haberle proferido palabras agraviantes en medios y redes sociales.

El motivó que desencadenó este cruce judicial fue un litigio millonario contra la Municipalidad de Pehuajó a raíz de un accidente en los corsos de la localidad de Francisco Madero, ocurrido en el año 2009.