Entre ellos, dejaría su cargo Rosana Lodovico, quien fue denunciada por presunto lavado de dinero y pago de sobornos.

“Unos diez funcionarios dejarían su cargo”, indicó una alta fuentes del Poder Ejecutivo. Serían no menos de ocho los desplazados del Gobierno de Javier Milei.

“Estamos en una depuración de la AFIP. Queremos una gestión transparente y moderna”, argumentaron desde el entorno del Presidente.

Una de las más señaladas es la jefa de la Aduana, Rosana Lodovico, que está en el ojo de la tormenta por haber adquirido una deuda de US$ 250.000 con una empresa implicada en actividades de contrabando, junto a su exmarido, Luis Antonio Bocassi, y su cuñado, Alejandro Omar Lucano, quienes también son empleados del organismo.

El crédito fue pactado en 2022 con Promarlon SA, una sociedad anónima vinculada a prácticas ilícitas en el ámbito aduanero.

Los tres funcionarios fueron denunciados por posible cohecho y lavado de activos.

La denuncia, presentada por la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, también menciona a Promarlon SA y su propietario, quienes otorgaron el préstamo.

La Fundación Apolo, liderada por el legislador porteño Yamil Santoro, presentó una denuncia adicional por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Ese préstamo, que fue revelado por el diario La Nación, está bajo investigación de la Justicia en el Tribunal Oral Federal de San Martín 5.