Los dueños de las tarjetas están acusados de ser partícipes necesarios en una asociación ilícita que defraudó a la administración pública a gran escala.

Más de 30 titulares de las 48 tarjetas de débito utilizadas por Julio “Chocolate” Rigau han sido citados a declarar. Tres de ellos, Diego Berón, María Amanda Albino y Mabel Susana Alvear, comparecerán este miércoles en el fuero penal de La Plata. La fiscal Betina Lacki considera que estas personas participaron voluntariamente en un robo sistemático al Estado, siendo una pieza fundamental del mismo.

Lacki sostiene que los prestanombres, o “ñoquis”, quienes poseían las tarjetas, son cómplices necesarios de múltiples estafas y coautores del delito de asociación ilícita. Esta organización estaba liderada por Claudio Albini, subdirector de Personal de la Honorable Cámara de Diputados bonaerense, y coordinada por su hijo Facundo, exdirector de Control y Gestión en la misma área, junto con Chocolate Rigau, empleado de la Cámara.

Los titulares de las tarjetas eran empleados ficticios de la Cámara de Diputados bonaerense. En diferentes momentos firmaron contratos de locación de servicios que se renovaban periódicamente.

Al inicio de la investigación judicial, el salario mensual de los empleados era de aproximadamente $580.000 más aguinaldo, dinero que ellos no recibían, sino que era transferido a otras manos en una operación de gran envergadura. Después de la firma de los contratos, se abrían cuentas bancarias y se emitían tarjetas de débito que eran entregadas a Chocolate. Este realizaba extracciones rutinarias de efectivo en varios cajeros de La Plata, simulando cobros de haberes.

Finalmente, Chocolate entregaba el dinero recaudado a Claudio Albini en su oficina, tal como muestran los videos de varios meses. Esta información proviene de la investigación judicial.

A cambio de participar en este esquema, los prestanombres recibían acceso a una obra social financiada por el Estado y aportes jubilatorios. Para la fiscal, esto perjudicó gravemente a la sociedad. Obtenían estos beneficios de manera fraudulenta, “sin haber hecho el mínimo esfuerzo, en desmedro de todos aquellos que día a día ponen el cuerpo para obtenerlo”, afirmó Lacki.

“Formaron parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias sin esfuerzo a costa de la sociedad toda y es bajo esa luz como debe analizarse sus conductas”, agregó, enmarcando el caso en los lineamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Ellos se comprometieron mediante la firma de un contrato a prestar servicios a cambio de una remuneración extraída de los fondos públicos a los que contribuye toda la sociedad. La mayor parte del dinero iba a los jefes de la banda, pero los involucrados se beneficiaban con el acceso a IOMA y al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, un sistema solidario.

La investigación de esta maniobra, basada en 48 tarjetas y legajos laborales de estos empleados ficticios, abarca un periodo amplio: desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el 9 de septiembre de 2023, cuando fue detenido Chocolate. Este saqueo de más de 20 años fue posible gracias a los prestanombres.