El gobierno provincial transfirió casi $60 mil millones para sostener empresas públicas en la provincia de Buenos Aires, como ABSA, BAG S.A., AUBASA y el Astillero Río Santiago, que cerraron 2023 con pérdidas millonarias.
Las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires atraviesan una grave crisis financiera. Según informes oficiales y datos de la oposición, cuatro compañías clave cerraron el 2023 con un déficit acumulado que supera los $56 mil millones.
Entre las firmas afectadas, revelados por TN, se encuentran Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Buenos Aires Gas (BAG S.A.), Autopistas Buenos Aires (AUBASA) y el Astillero Río Santiago, todas dependientes de la gestión provincial de Axel Kicillof. Para sostener sus operaciones, el gobierno provincial destinó casi $60 mil millones en transferencias.
ABSA, la empresa dedicada a la distribución de agua potable, fue una de las más afectadas, registrando un déficit de $25.907 millones en 2023. Para cubrir este agujero financiero, el gobierno provincial realizó aportes que ascendieron a más de $27 mil millones, incluidas partidas del Tesoro provincial y fondos del programa “Verano”, que busca mejorar la infraestructura de distribución de agua en la provincia. A pesar de estas inyecciones de capital, la empresa cerró el año con un pasivo significativo de $21.115 millones, con deudas que afectan tanto a proveedores como al personal.
Otra de las empresas con números en rojo es Buenos Aires Gas (BAG S.A.), que distribuye gas natural a más de 60 localidades bonaerenses. En 2023, la firma registró un déficit de $3.803 millones, dividido entre pérdidas operativas y gastos de capital. Para mantener la operación y realizar las inversiones necesarias, el gobierno provincial debió destinar casi $4 mil millones. A pesar de estos esfuerzos, la empresa enfrentó una disminución de su inversión financiera en $2.461 millones, lo que pone en duda la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo.
El Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada y dedicado a la construcción y reparación de embarcaciones, también cerró el 2023 con un déficit abrumador de $27.794 millones. Esta empresa, históricamente deficitaria, cuenta con una plantilla de 2.295 empleados, la mayoría de ellos permanentes, y se ha sostenido gracias a transferencias directas del gobierno provincial. Desde la gestión de Kicillof argumentan que las políticas neoliberales de los años noventa dañaron gravemente al astillero y que, con el tiempo, el gobierno ha tratado de revitalizarlo, incluyendo proyectos con la Armada Italiana para intentar reducir las pérdidas. Sin embargo, la compañía sigue dependiendo de la asistencia estatal para subsistir.