Desde el interior del propio Partido Justicialista habían acusado incumplimientos de plazos y falta de documentación en la lista del gobernador de La Rioja.

En medio de tensiones internas en el Partido Justicialista (PJ), la ex vicepresidenta Cristina Kirchner solicitó la habilitación de la lista del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para competir en las elecciones internas del partido. A pesar de las acusaciones sobre irregularidades en la conformación de la lista, Kirchner desestimó las objeciones y mostró su apoyo al gobernador riojano. Las críticas provienen de sectores del propio PJ, que acusan incumplimientos de plazos y falta de documentación para validar la candidatura.

Desde el Instituto Patria, afines a la ex vicepresidenta, denunciaron que los avales presentados por la lista de Quintela contenían firmas falsificadas. Militantes aseguraron haber encontrado planillas con firmas idénticas o de afiliados que no habían dado su consentimiento, lo que generó desconfianza en el proceso. “Son falsificaciones aberrantes. No pueden someter al peronismo con estas truchadas”, se quejaron fuentes cercanas a Kirchner. Se mencionó como un caso destacado la aparición de dirigentes de La Cámpora entre los avalistas, lo cual fue señalado como irregular.

Las denuncias también incluyen casos en Formosa y Pinamar, donde más del 90% de las planillas de apoyo a Quintela habrían sido “volcadas”, es decir, completadas sin el consentimiento de los afiliados. Un dirigente de La Cámpora señaló: “Las planillas de avales de la lista de Quintela son truchas. Son falsificaciones aberrantes”, lo que reforzó la desconfianza en el proceso.

Por su parte, el gobernador Quintela respondió con un comunicado en el que acusó a sectores del PJ de intentar obstaculizar su participación en las internas. En un documento firmado por sus apoderados, Guillermo Llermanos y Jorge Yoma, el funcionario señaló que desde el cierre de listas es víctima de hechos y omisiones que buscan frenar su candidatura. El texto criticó la falta de reuniones de la junta electoral y la manipulación de documentación por parte de militantes sin cargo.