La investigación iniciada por el Ministerio de Capital Humano identificó falsas embarazadas, certificados truchos y médicos cómplices en varios distritos.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) inició una denuncia ante la Justicia Federal por u millonario fraude al Estado Nacional manifestado a través del cobro indebido de Asignaciones Universales por Embarazo por medio de diferentes modalidades entre las que se cuentan gestaciones falsas, certificados truchos, médicos cómplices y papeles adulterados que fueron identificadas en distintos puntos del país. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó presentar la investigación realizada ante la Justicia y la causa ya está abierta y en manos del juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González.

La herramienta para acceder a una Asignación por Embarazo es un formulario llamado PS 2.67, el cual incluye la solicitud de la beneficiaria así como también la firma, sello y documentación del médico obstetra que certifica el embarazo y las fechas de parto o perdida. Si se da el visto bueno a la solicitud, el dinero comienza a darse cada 30 días durante 9 meses. Es por medio de la investigación sobre estos formularios que comenzaron a notarse varias irregularidades:

Entre dichas irregularidades se encuentran certificados médicos apócrifos sin registro de nacimiento que “respaldan” solicitudes en las cuales, tras la fecha de parto declarada, no se registró ningún nacimiento ni interrupción del embarazo, lo que da a entender que se trataron de embarazos inexistentes. También se identificaron simulaciones de interrupciones de embarazos que permitían a las beneficiarias seguir percibiendo el beneficio hasta la presenta interrupción. Otra modalidad descubierta la representan los certificados con fecha de parto futuras, que eran utilizados para cobrar pagos prenatales.

Desde Capital Humano estiman que las estafas generadas por medio de dichas operaciones representan perdidas que van en el orden de los 105 millones de pesos. Los casos denunciados alcanzan el número de 166, aunque podrían llegar a los 203, con el consecuente aumento en la perdida de dinero que ascendería a los 165 millones de pesos. Las irregularidades fueron identificadas en distintos lugares del país nucleados en CABA, Gran Buenos Aires y Santa Cruz. En ese marco, las oficinas implicadas con las de Marcos Paz, Regional Bonaerense IV, Turdera, Lomas de Zamora, Trujui, Moreno, Río Gallegos, Rafael Calzada, Almirante Brown, González Catán II y La Matanza.

La acusación penal es por defraudación a la administración pública, falsificación de documentos, uso de documento falso o adulterado en el menos 92 hechos, y tentativa de defraudaciones en otros casos.