Se generará un registro unificado de todos los bienes con los datos sobre su origen y localización, su estado y costos de mantenimiento y su destino.

En el salón Blanco de la Cámara de Diputados, se dio un nuevo paso con el proyecto de ley "Bien Restituido" que propone una redistribución equitativa en favor de la sociedad de los activos incautados por las autoridades al narcotráfico y organizaciones internacionales. En este caso, se trata de una poderosa herramienta tecnológica que permitirá censar todos los bienes que la Justicia secuestre al crimen organizado.

Esta herramienta tecnológica generará un registro unificado de todos los bienes que han sido decomisados y cautelados por la Justicia con los datos sobre su origen y localización, su estado y costos de mantenimiento y su destino. La medida se enmarca dentro del proyecto "Bien Restituido, una ley necesaria”, que sigue avanzando con amplio apoyo en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de restituir a la sociedad los bienes de origen criminal que logran ser incautados.

El nuevo Programa “Gestión de Bienes", creada desde el Proyecto Bien Restituido y Democracia en Red, fue presentado como un hito más en la consecución de una ley que ha generado un consenso multifuerzas en el Congreso de la Nación dado que ya reúne la firmas de más de 37 diputados y disputadas pertenecientes a 9 distintos bloques parlamentarios.

El desarrollo de esta nueva plataforma de código abierto (público) será destinado a facilitar la gestión de la información sobre los bienes decomisados y cautelados en Argentina. La plataforma es una herramienta pensada para que las agencias del Estado responsables de la política pública en materia de administración de bienes puedan llevar adelante un adecuado control sobre su estado y garantizar su transparencia.

“Se parte del diagnóstico de que nuestro país no cuenta con un registro unificado de todos los bienes que han sido decomisados y cautelados con los datos sobre su origen y localización, su estado y costos de mantenimiento y su destino. De esta manera, ni el propio Estado ni la ciudadanía conocen lo que sucede con dichos bienes, provocando la pérdida de recursos y de oportunidades para la reparación de las víctimas del crimen organizado y de otros delitos”, explicó el diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, uno de los autores del proyecto.