El proyecto es impulsado por Encuentro Federal y tiene el apoyo de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de la UCR.
La oposición prepara una sesión especial para modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de limitar el poder del presidente Javier Milei en el uso de esta herramienta. La iniciativa, impulsada principalmente por el bloque de Encuentro Federal, cuenta con el apoyo de otros sectores. Se necesitan 129 votos para lograr la aprobación. Entre los cambios propuestos está que un solo rechazo de una cámara del Congreso pueda invalidar un DNU, y un plazo de 90 días para que el decreto sea ratificado, de lo contrario perdería vigencia.
El bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto apoya en gran medida la reforma, aunque enfrenta algunas dudas entre los legisladores que responden a los gobernadores. Unión por la Patria, que previamente había resistido cambios en la ley, ahora también apoya la medida con 99 votos. En tanto, la Coalición Cívica y el nuevo bloque radical Democracia para Siempre también están a favor de la modificación, aunque con diferencias en el tema del plazo de vigencia.
Al interior de la oposición también se perciben divisiones: algunos sectores consideran que quitarle a Milei la facultad de DNU es un riesgo institucional. Mariano Campero, dirigente de la UCR, advirtió que “quitarle la posibilidad de decreto le impide gobernar directamente a Milei”. En el PRO también hay desacuerdos internos, aunque en general la bancada busca respaldar al Presidente en este tema.
Además de los cambios en los DNU, la oposición analiza incluir la derogación del DNU 846 de Milei, que permitió al Ejecutivo hacer canjes de deuda sin la aprobación del Congreso, lo que considera un paso necesario para garantizar el control legislativo sobre la deuda pública. Sin embargo, se requiere asegurar los votos para agregar este tema en la sesión especial.
Mientras tanto, el oficialismo de La Libertad Avanza busca avanzar en su propia sesión para aprobar la llamada “Ficha Limpia”, que impediría que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatos o asumir cargos públicos. Aunque esta propuesta también enfrenta resistencia en el Congreso, especialmente del kirchnerismo y algunos sectores federales que piden mayores garantías legales para su implementación.