Con dichos fondos, el camporista habría adquirido una casa de un millón de dólares y campos en Corrientes.
El dirigente camporista y ex diputado kirchnerista José Ottavis se encuentra judicialmente complicado, pues fue denunciado por desvíos de fondos a través de irregularidades detectadas en el manejo del Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU). En ese marco, Ottavis, junto a Cecilia Britez y Graciela Botto, en tanto administradores de la Asociación Civil “Amarte Argentina” habría participado en un esquema estructurado alrededor del desvío de fondos.
El ex legislador kirchnerista, en conjunto con Britez, quien es su pareja, y Botto, quien fungía como presidente de dicha asociación civil, ocultarían una innumerable cantidad de bienes a nombres de testaferros, cooperativas e incluso fideicomisos cuyos recursos provienen del estado argentino.
Esta ONG comandada por la mencionada triada se enmarca en el FISU y tiene como objetivo, en teoría, la construcción de obras y viviendas en diferentes puntos del país, como la localidad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, sin embargo, la denuncia asentó que esta asociación es una fachada que permitió un potencial enriquecimiento ilícito del dirigente de La Cámpora.
La denuncia realizada por el abogado Jeremías Rodríguez, hay un total de 16 propiedades a nombre de un fideicomiso vinculado a la ONG y 15 cooperativas con domicilios coincidentes en Monte Caseros que habrían recibido fondos públicos para realizar obras cuya existencia no pudo ser corroborada. La información encontrada mas controvertida en la presentación es un lujoso inmueble ubicado en dicha localidad.
Dicha propiedad se encuentra ubicada con vistas al río Uruguay, y cuenta con comodidades y extravagancias propias del mudo hollywoodense. Tiene hasta ascensores vidriados. La mansión viola los códigos de edificación vigentes en Paso de los Libres y cuenta con tres pisos que incluyen terraza con deck, pileta, balcón, yacuzzi y otros amenities.
En baso a la información proporcionada por la denuncia, el abogado Rodríguez pidió al fiscal que averigüe sobre la proveniencia de los fondos que hicieron posible la adquisición de tal inmueble, saber quién es el titular del mismo, y el alto nivel de vida que llevan Ottavis, Britez y Botto.
Asimismo, se pudo determinar que la asociación civil “Amarte Argentina” también es una fuente de trabajo para familiares. El medio provincial que sigue el caso pudo comprobar que el encargado de la ejecución de las obras en la mansión, Javier Chauvín, es pareja de Celia Andrea Mingorance, una de las hijas de la mujer de José Ottavis.
Chauvín solicitó en la ciudad de Buenos Aires un permiso para montar una cervecería artesanal, además es el dueño de una empresa de revisión técnica vehicular en Neuquén y figura en la nómina de la administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM. Puede notarse así como los contratos en y con el estado son una constante en el entorno familiar de Ottavis-Britez, que administró unos $7.464.247.963 del FISU y disfruta de una gran mansión a orillas del río Uruguay.