El decreto firmado por el presidente, Francos y Pettovello argumenta que la Comisión mostró "una evidente ineficiencia operativa" y un "sobredimensionamiento" de su estructura, entre otras falencias.

Ya lo dijo Federico Sturzenegger, el plan motosierra va a continuar y este viernes se dio un nuevo paso para reducir el gasto público y reorganizar estructuras consideradas ineficientes. El presidente Javier Milei, mediante un decreto, dispuso la disolución del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, junto con su Comisión Nacional de Coordinación, el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.

El Programa, creado por la Ley N° 26.117 en 2006, tenía como objetivo promover el desarrollo de microcréditos para fortalecer la economía social. Sin embargo, según informes oficiales, el gasto en personal de la Comisión superaba significativamente los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos del Programa. Además, se identificaron problemas graves en la gestión de los fondos, una alta tasa de morosidad en los créditos otorgados.

Uno de los fundamentos que plantea el decreto es que la Comisión demostró "una evidente ineficiencia operativa y un claro sobredimensionamiento de la estructura de la Comisión, en tanto los gastos anuales en personal exceden significativamente los recursos destinados al cumplimiento de su objetivo principal de capitalizar a las Instituciones de Microcrédito".

Se precisó al respecto que resulta "particularmente grave que el gasto mensual en personal sea un 54 % superior al total ejecutado del presupuesto 2024, destinado a cumplir con su función primordial".

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado ya había adelantado la decisión y se había referido a esta desproporción: "Es un área que tiene 100 personas trabajando y una cartera de créditos. Pero los sueldos son más grandes que toda la cartera de créditos que tiene", indicó.

El Gobierno basó la decisión en la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos en el marco de la emergencia económica vigente, que requiere descontinuar programas de baja eficacia. El personal afectado será reubicado según los procedimientos establecidos en la Ley de Empleo Público.

Otro argumento que se lee en el decreto afirma que "la contribución al desarrollo del Programa de Microcréditos por parte de la mentada Comisión Nacional, en términos de alcance e impacto, no ha sido significante ni proporcional a los recursos dispuestos para su funcionamiento, lo cual denota una ineficiencia económica que justifica su disolución".

Según el decreto, el Ministerio de Capital Humano asumirá la tarea de ejecutar las disposiciones complementarias para implementar esta decisión. Con la entrada en vigor del decreto, el Estado apunta a reducir el sobredimensionamiento administrativo y permitir que el sistema financiero formal, tanto público como privado, asuma el rol de proveer microcréditos con mayor eficiencia.

La medida también subraya la falta de supervisión y transparencia en la gestión del Programa desde su creación, evidenciando una importante pérdida de recursos destinados a capitalizar las instituciones de microcrédito.

A propósito, se considera que "no ha alcanzado sus objetivos, dado que no se ha implementado un registro formal de las instituciones de microcrédito, ni se han aplicado sanciones frente al incumplimiento de las obligaciones que dicha normativa impone, lo cual refleja una falta de control y supervisión efectiva en la ejecución del Programa".

La decisión firmada por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y Sandra Pettovello analiza finalmente que "en la actualidad, diversas instituciones financieras, tanto públicas como privadas, así como organizaciones sin fines de lucro, cuentan con líneas de microcréditos activas destinadas a pequeños emprendedores, lo que indicaría la capacidad del sistema financiero para satisfacer esta demanda"