La Justicia amplió temporalmente la imputación de Julio “Chocolate” Rigau, Facundo Albini y Claudio Albini y ahora señaló que la defraudación a la administración pública no habría empezado en 2012, sino en 2002.

Lo indicó la fiscal Betina Lacki, que señaló: “En virtud de las constancias reunidas en autos, este Ministerio Público Fiscal realizó una ampliación respecto del alcance temporal”.

Según detalló, la maniobra abarcaría “desde el 1° de enero de 2002 hasta al menos el día 9 de septiembre de 2023”.

De esta manera se calcula que el perjuicio económico al Estado habría sido mucho mayor. Solo 8 casos serían recientes (desde 2020) y  más de un tercio de los empleados público “truchos”, 17 personas, habrían sido contratados antes de 2012.

En 2002 estaría, por ejemplo la primera esposa de Claudio Albini.

Según se calculó en informes periodísticos, el fraude superaría los de 4 mil millones de pesos; solo si se tiene en cuenta un lote de 48 tarjetas que tenía Rigau en el último tiempo.

Los prestanombres recibían acceso a una obra social financiada por el Estado y aportes jubilatorios. Para la fiscal, esto perjudicó gravemente a la sociedad. Obtenían estos beneficios de manera fraudulenta, “sin haber hecho el mínimo esfuerzo, en desmedro de todos aquellos que día a día ponen el cuerpo para obtenerlo”, afirmó Lacki.

“Formaron parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias sin esfuerzo a costa de la sociedad toda y es bajo esa luz como debe analizarse sus conductas”, agregó, enmarcando el caso en los lineamientos de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.