Cabe recordar que, la denuncia inicial estaba destinada a denunciar un grupo criminal dedicado a acceder de manera sistemática y en forma indebida al Sistema de Administración de Infracciones de Tránsito (SACIT) con el objeto de ofrecer a terceras personas —ciudadanos del territorio bonaerense- la quita de las infracciones que registren en ese soporte informático.

En este sentido, se denunció que, dicho servicio ilegal que el grupo de personas  desplegaba a diario era ofrecido a cambio de una contraprestación dineraria que los terceros debían abonar en favor de estas personas, ocasionando un serio y grave perjuicio —en términos económicos- del estado municipal y provincial, como así también a la empresa SECUTRANS SA (denunciantes).

Esta práctica, según se aclara el pedido al cual accedió La Tecla, se puntualiza que está constituido por funcionarios municipales y/o provinciales, y que además reúne todos los requisitos previstos por el Código Penal Art.210 (asociación ilícita).

“Tal como ha quedado demostrado este entramado delictivo llámese `borrado de multas´, está constituido por funcionarios municipales y/o provinciales, que reúne todos los requisitos previstos por el Código Penal Art.210 (asociación ilícita)” destaca parte del requerimiento realizado por la querella.

Asimismo, se subraya la denuncia referida a la "adjudicación concesión de servicio de VTV en la Provincia de Buenos Aires"  publicada en el Boletín Oficial el 04/01/2024, dictada por el Ministro de Infraestructura Sr. Jorge D'onofrio, por la cual se adjudicaron concesiones para la explotación del servicio público de Verificación Técnica Vehicular obligatoria del parque automotor radicado en la Provincia de Buenos Aires y optativa de los radicados en otra jurisdicción.

También se puso en conocimiento, el descubrimiento de otra irregularidad relacionada con un inmueble , ni más ni menos que con la propia educación donde funciona el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y estaría vinculado a Sebastián Desio, titular de la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica, contratada por concesionarias de la VTV para brindar servicios tecnológicos por los que cobra el 8,5% más IVA de cada verificación.

Sobre este hecho el fiscal platense Álvaro Garganta, investiga la relación entre Desio y D’Onofrio. Los denunciantes plantean que esa propiedad fue adquirida, en agosto de este año, por una sociedad que tiene el mismo domicilio que una inmobiliaria que sería de Desio y que esa sociedad tiene como socia a una mujer que sería empleada doméstica de la esposa de un hermano de Desio.