La Justicia argentina estableció una prohibición de contacto entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández en medio del conflicto judicial que incluye acusaciones mutuas de violencia de género, hostigamiento y amenazas.

La medida, dispuesta por el juez Christian Brandoni, prohíbe a la expareja del entonces primer mandatario mantener cualquier tipo de comunicación directa o indirecta con él, con excepción de asuntos relacionados con la patria potestad del hijo que tienen en común, Francisco Fernández.

La restricción, vigente por un período inicial de 90 días, también ordena a ambas partes abstenerse de difundir información relacionada con su hijo menor de edad o con la causa judicial en curso. El objetivo de esta medida es evitar un mayor deterioro en el entorno familiar, en un caso que ya ha captado la atención pública y generados debates en diversos espacios.

El fallo llega luego de que el expresidente presentara una denuncia contra Yáñez, acusándola de hostigamiento y aportando audios que, según Fernández, prueban sus dichos. A su vez, la ex primera dama había denunciado a Fernández por presuntos actos de violencia de género, lo que intensificó el conflicto legal entre ambos.

La semana pasada, Alberto Fernández formalizó una denuncia en la Justicia porteña contra su expareja. En su presentación, solicitó el “reintegro inmediato” de su hijo desde España a la Argentina, argumentando que la actual situación podría comprometer el bienestar del menor. Según Fernández, no pudo comunicarse con su hijo durante las fiestas de fin de año y cuestionó los comportamientos de Yáñez, mencionando llamadas nocturnas y acusaciones de hostigamiento.

El expresidente aportó pruebas que, según él, respaldan sus acusaciones. Entre ellas, señaló que Yáñez celebró el Año Nuevo en un restaurante de Madrid con “barra libre” y maridaje de vinos, lo que consideró inapropiado dadas las circunstancias. En su denuncia, destacó que el menor pasó las festividades alejado de su familia paterna, mientras su madre festejaba en el exterior.

Esta decisión judicial marca un punto de inflexión en el caso, ya que Fernández había logrado posponer la indagatoria en varias ocasiones. Según fuentes cercanas al proceso, el expresidente buscó ganar tiempo para ajustar su estrategia legal, solicitando sin éxito que la causa pasara al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.