El Gobierno reveló que existen diversas irregularidades en la entrega de estos subsidios y en marzo publicará un informe sobre los resultados de las investigaciones.

El Gobierno nacional inició la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI son un cargo del operativo, que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Durante enero, se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires que reveló diversas irregularidades, entre ellas que el 31,6% de los convocados no se presentó a la evaluación.

El relevamiento, realizado sobre 1.108 beneficiarios, también evidencia que el 16,6% de los casos no cumple con los requisitos para percibir la pensión, mientras que se detectan 20 bajas por fallecimiento o renuncia voluntaria. La auditoría se enmarca en el plan del Gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En un operativo previo realizado en 2024, se revisó 22.417 pensiones y se encontró que el 80% de ellas no cumplía con los criterios establecidos. Además, se dieron de baja 212 beneficios que eran cobrados desde cárceles y otros 150 correspondientes a personas fallecidas.

Para mejorar la transparencia en la asignación de las pensiones, el Gobierno identificó la falta de digitalización de los registros como un problema clave. Como parte del proceso de auditoría, se está implementando la digitalización de documentos y la revalidación de cada caso mediante evaluaciones médicas presenciales y controles documentales. “La normativa está nutrida de los baremos confeccionados por expertos en medicina legal-laboral”, indicaron fuentes oficiales sobre los criterios de evaluación.