La administración de Javier Milei continúa con su plan de ajuste fiscal, disolviendo la cartera que pertenecía al Ministerio de Economía. El ministro Federico Sturzenegger anticipó más reducciones en el gasto público.

En línea con su política de austeridad y reducción del gasto público, el gobierno de Javier Milei oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, medida que conllevó el despido de 500 empleados, incluyendo personal de planta permanente y contratados.

Esta acción se enmarca en el decreto 70/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo principal disminuir el gasto estatal y reestructurar las funciones gubernamentales.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que la transferencia de funciones de la ahora disuelta secretaría permitirá un ahorro anual estimado en $6500 millones en impuestos.

El funcionario destacó que esta reducción es parte de una estrategia más amplia conocida como “motosierra 2.0”, destinada a racionalizar el gasto público y devolver capacidad financiera al sector privado. Además, adelantó que se evaluará la situación de auditores contratados a través de universidades nacionales, sugiriendo posibles nuevas desvinculaciones en el corto plazo.

Desde el inicio de la gestión actual, se han registrado 37.595 despidos en el sector público durante el año 2024. De estos, 22.302 corresponden a la Administración Centralizada y Descentralizada, 12.410 a empresas estatales y 2883 a personal de seguridad y militar. Sturzenegger defendió estas medidas, argumentando que la reducción del gasto público es esencial para disminuir la carga impositiva sin comprometer el equilibrio fiscal del país.

En paralelo, el gobierno implementó reformas en los procesos de contratación de obras públicas. Mediante el decreto 105/2025, se unificaron los sistemas de inscripción relacionados con la contratación de obras, con el objetivo de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.

Esta iniciativa busca simplificar los procedimientos y fomentar una mayor transparencia en la asignación de proyectos de infraestructura.

Mientras algunos respaldan las medidas como necesarias para sanear las finanzas públicas y promover un entorno económico más competitivo, otros expresan preocupación por el impacto social de los despidos y la eliminación de programas de vivienda. Organizaciones gremiales y sociales manifestaron su descontento, señalando que estas acciones podrían agravar la situación de vulnerabilidad de numerosas familias que dependían de los programas ahora cancelados.

El gobierno, por su parte, sostiene que estas medidas son indispensables para corregir desequilibrios económicos históricos y sentar las bases de un crecimiento sostenible a largo plazo. La administración de Milei enfatiza que la reducción del tamaño del Estado y la eliminación de gastos innecesarios permitirán liberar recursos que podrán ser utilizados de manera más eficiente por el sector privado, estimulando la inversión y la generación de empleo.

En este contexto, se anticipa que el Ejecutivo continuará implementando políticas orientadas a la desregulación y la optimización del aparato estatal. Sturzenegger ha señalado que se avecina una etapa de “motosierra profunda”, en la cual se revisarán exhaustivamente las funciones de cada área gubernamental para determinar su pertinencia y eficiencia. Esta fase buscará identificar y eliminar actividades que puedan ser asumidas por el sector privado o que no resulten esenciales, con el fin de consolidar un Estado más ágil y menos costoso para los contribuyentes.