A pesar de haber finalizado sus mandatos, cuatro funcionarios continúan dentro de la Auditoría General de la Nación como parte de un consejo consultivo creado por ellos mismos.

La Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control del Estado, atraviesa una situación de irregularidad institucional que genera preocupación puertas adentro y un fuerte malestar público. Pese a haber finalizado sus mandatos, cuatro exauditores —Javier Fernández, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva— continúan operando dentro del organismo como miembros de un consejo consultivo recientemente activado.

La figura, creada en 2023 por ellos mismos a través de una resolución interna, fue puesta en marcha con el aval del actual presidente de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos.

En un contexto de acefalía virtual por la falta de renovación de autoridades por parte del Congreso, este consejo asesor se presenta como una suerte de “parche institucional” que, sin embargo, permite que los exauditores sigan percibiendo remuneraciones elevadas. Según fuentes de la AGN, los integrantes del consejo cobran el sueldo correspondiente a la categoría 1 del escalafón —la más alta de la planta permanente— lo que ronda los 8 millones de pesos mensuales.

Desde la AGN intentan justificar la situación como una medida transitoria para evitar el freno total de las auditorías en marcha.“Tenemos que garantizar que la AGN siga funcionando”, declaró Fernández, quien preside el nuevo consejo. Aun así, los informes técnicos que surjan de estos trabajos no podrán ser aprobados oficialmente hasta que se renueve el colegio de auditores, lo que deja al organismo en una situación de parálisis efectiva.

La responsabilidad primaria recae en el Congreso, que lleva más de un año sin consensuar los nombres que deben asumir los cargos vacantes. La fragmentación política, especialmente entre los bloques libertarios y la oposición tradicional, impidió hasta ahora cualquier tipo de acuerdo. El resultado es una AGN sin rumbo, donde todo sigue como si nada hubiera cambiado, aunque la legitimidad institucional esté comprometida.

En rigor, la crisis institucional comenzó en 2024, cuando vencieron los mandatos de tres auditores representantes de Diputados. Este mes se sumaron las salidas de los tres restantes, completando así la acefalía del cuerpo. Solo Graciela De la Rosa se apartó de manera definitiva, mientras que Jesús Rodríguez —quien presidía el organismo— rechazó sumarse al consejo. El resto de los exauditores busca conservar influencia dentro de la AGN, un organismo que administra un presupuesto de más de $60.000 millones y emplea a unas 1800 personas.

El “consejo consultivo” no solo les permite mantener sus ingresos privilegiados, sino también sostener un espacio de poder institucional en un momento donde cualquier decisión técnica carece de validación formal.

Aunque desde la AGN niegan que los asesores conserven despachos o personal político, se confirmó que trabajan desde oficinas cercanas a las que usaban como auditores.