Solo en marzo, la ex AFIP destinó $789 millones en alquileres. El Ejecutivo busca concentrar oficinas y achicar estructuras para frenar el gasto estatal.

Mientras predica austeridad fiscal, el Estado nacional arrastra una pesada carga de gastos en alquileres que sigue generando debate puertas adentro del oficialismo. Solo en lo que va de 2024, el Gobierno desembolsó más de $25.600 millones en concepto de alquiler de inmuebles para organismos públicos, un promedio mensual de $2.583 millones, según se desprende de un informe entregado esta semana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados.

El dato forma parte de las más de 4.000 respuestas que el funcionario nacional envió a los legisladores como parte del control parlamentario. En la pregunta 184, el informe detalla que actualmente 52 organismos nacionales alquilan oficinas o edificios completos para su operatividad diaria, con contratos que suelen durar entre tres y cinco años.

¿Quiénes gastan más?
Al tope del ranking de organismos con más gastos en alquileres aparece ARCA, el nuevo nombre de la ex AFIP, que solo en marzo destinó $789 millones a ese rubro. Le siguen el PAMI, con $769 millones, y la ANSES, que informó pagos por $233 millones.

Los tres organismos comparten un rasgo en común: tienen cientos de oficinas y agencias distribuidas a lo largo de todo el país. En total, entre los tres, suman compromisos de alquiler por unos $21.372 millones anuales.

En el caso del PAMI, por ejemplo, se alquilan 558 inmuebles en 24 provincias. La regional de Mar del Plata, con 28 oficinas, encabeza el listado, seguida por Córdoba, con 27, y Mendoza y Chivilcoy, con 23 cada una. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, el edificio de Corrientes 635, donde funciona la Dirección Ejecutiva, y las gerencias ubicadas en Lavalle 658, implican un gasto mensual de $106 millones por 14.242 m².

Otros contratos costosos figuran en Bartolomé Mitre 402, donde se pagan $65 millones por mes por 2.078 m², y Perú 169, con un gasto de $45 millones mensuales por 5.885 m².

Recorte y plan de relocalización
El Gobierno nacional, en línea con su promesa de reducir el gasto público, empezó a revisar esta situación. Según Francos, durante 2025 no se renovaron 21 contratos de alquiler, lo que significó un ahorro estimado de $30 millones mensuales.

El organismo encargado de gestionar los inmuebles del Estado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), confirmó que está en marcha un plan para relocalizar dependencias estatales en edificios de propiedad nacional que actualmente están desocupados, subutilizados o sin un destino específico.

“El objetivo es eliminar gastos innecesarios y optimizar el uso de la infraestructura estatal”, señalaron desde la Jefatura de Gabinete, que además indicó que se están analizando todos los contratos vigentes para reducir al máximo posible las erogaciones por alquileres.

En redes sociales, el propio Guillermo Francos reafirmó esta postura: “Estamos trabajando para racionalizar el uso de los inmuebles públicos. No tiene sentido seguir pagando alquileres cuando hay edificios del Estado que podrían utilizarse”.

En este contexto, el Gobierno de Javier Milei busca mostrar una señal clara de compromiso con la meta de déficit cero, y sabe que para lograrlo necesita ajustar no solo partidas sociales o subsidios, sino también los gastos de funcionamiento del propio aparato estatal.